PORQUE RECHAZAMOS LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR

¿Qué es la Ley de Educación Superior?

• Arancel
• Cupo en el ingreso
• Venta de conocimiento
• Menor representación de los estudiantes en el Gobierno de la Universidad
• Pérdida de autonomía
• Subsidio a las Universidades Privadas
• Universidades Privadas definiendo las políticas de Educación Superior
• Planes de estudio y de investigación según los intereses de los grandes grupos económicos
• Empresas metidas en el Gobierno de la Universidad
• Carreras al servicio de estos sectores o títulos sin validez
• Extensión como forma de financiamiento, no como herramienta para el pueblo

¿Quiénes nos impusieron la ley de Educación Superior?

La Ley en conjunto con la Ley Federal de Educación (EGB, Polimodal) fueron escritas por el Banco Mundial. Utilizando a sus socios del PJ, UCR, y la Alianza, los grandes monopolios impusieron estas Leyes para tener un sistema educativo a su servicio:

Educación para pocos
Conocimiento para sus intereses

¿cuáles son los principales artículos que nos afectan?

Desde el principio la Ley se basa en una concepción “errada” de lo que es la educación.
Art. 2: “El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de Educación Superior de carácter público...”
Este artículo considera a la educación un servicio. La educación en todos sus niveles es un derecho de toda la sociedad y una obligación del Estado garantizarla, y al igual que el trabajo forma parte intrínseca del hombre, sin ésta no se es completo.
De acuerdo con esta visión de servicio –dice el Art. 58-“corresponde al Estado Nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, desarrollo, y cumplimiento de sus fines. Para la distribución de esos aportes se tendrán especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad...”
Art. 59: “las universidades nacionales tienen autarquía económico-financiera...” En su inciso c) señala “podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios contribuciones herencias, derechos o tasa por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad...”

Asegurar el aporte no es lo mismo que aportar, o sea no se garantiza un presupuesto del Estado que permita que las universidades funcionen.
De dónde saldría la plata entonces? Transformando las Universidades Nacionales en Universidades S.A., lo que se desprende del Art. 59, que permite que las universidades se autofinancien mediante la venta de servicios, bienes, derechos, etc., mediante la venta de conocimiento. De esta forma la Extensión es sólo pensada como fuente de financiamiento y no como herramienta para lograr la integración de la Universidad en la sociedad, aportando en la resolución de los problemas más urgentes y participando activamente en los necesarios procesos de cambio.
¿qué decimos con venta de conocimiento?: las grandes empresas financian grupos de investigación condicionando qué se investiga y transformándose en dueños absolutos del conocimiento generado (patentándolo), incrementando así enormemente sus ganancias, monopolizando los avances científicos y tecnológicos generados por las universidades que banca el pueblo, y obteniendo encima rebajas en los impuestos.

Resumiendo, el Estado se desentiende de financiar la Educación Superior, presionando a las universidades a autofinanciarse a través de la venta de conocimiento y el arancel. Es lo mismo que hicieron con las empresas del estado para privatizarlas, vaciarlas presupuestariamente para impedir su normal funcionamiento, engañando al pueblo con las privatizaciones ¨ salvadoras ¨ que solo sirvieron para el negocio de las multinacionales.

Esta falta de presupuesto se traduce en restricciones en el ingreso, falta de políticas de bienestar (becas, comedor universitario, jardín maternal) ausencia de bandas horarias (que nos permitan trabajar y estudiar), que, sumado a los aranceles, lleva a que sólo unos pocos puedan acceder a la universidad ¨ pública y gratuita ¨, quitándole a la mayoría del pueblo el derecho a la educación. Se traduce en una disminución del nivel académico; bibliotecas desactualizadas, edificios deteriorados, falta de insumos, falta de lugar para estudiar, aulas desbordadas de estudiantes, etc.
Esta Ley garantiza subsidios del Estado para el sector privado de la educación: según el Art. 66 ¨ el Estado Nacional podrá acordar a las instituciones con reconocimiento definitivo (instituciones privadas según art. 62 y 65) que lo soliciten, apoyo económico para el desarrollo de proyectos de investigación que se generen en las mismas...¨(VER SI NO HAY OTRO ART. PORQUE ACA PARECE SOLO HABLAR DE INVESTIGACION)
Es contradictorio que los gobiernos hablen de falta de presupuesto y financien, apoyados en esta ley, a colegios y universidades privadas que sólo son negocio de grandes empresas.
Es contradictorio también que se hable de falta de presupuesto cuando se pagan miles de millones al FMI, Banco Mundial, BID y bonistas. Esa plata debe quedar en nuestro país, para salud, educación, trabajo, vivienda, para que no haya más muertes por hambre o enfermedades curables.

El escaso presupuesto que se destina a las universidades se reparte de acuerdo a sus indicadores de eficiencia, tales como: mayor cantidad de alumnos por docente, menor gasto por facultad (sin tener en cuenta el porcentaje de materias practicas o teóricas ), unificación de carreras (masificando cursadas, reduciendo costos), carreras de grado cortas (mas estudiantes) con postgrados para pocos (es mas costosa la especialización y que entren muchos no seria eficiente para ellos; sería generar nuevos desocupados y a un costo elevado), títulos intermedios relacionados a lo anterior (mano de obra barata), planes de estudio, investigación y desarrollo tecnológico relacionado a las necesidades del mercado no del pueblo, capacidad de controlar conflictos (luchas en defensa de la universidad pública, popular y gratuita), órganos de gobierno con escasa representación estudiantil (evitando que influya en las decisiones el claustro más grande y más crítico). En ningún momento se toman como parámetros de eficiencia la calidad en la formación (salvo de los contenidos que interesan a las grandes empresas y grupos económicos) ni la capacidad de aportar en la resolución de la terrible situación que vive la sociedad.

El Estado reparte entonces el escaso presupuesto de acuerdo a lo productivas que sean las universidades para el mercado. Las universidades que se portan bien y aceptan estas reglas son las que reciben más plata y títulos mejor categorizados.

Menos democracia
En cuanto a la participación en el gobierno de la Universidad, dice el Art.53 inciso a) “que el claustro docente tenga la mayor representación relativa, que no podrá ser inferior al 50%, b) “que los representantes de los estudiantes tengan aprobado por lo menos el 30% del total de asignaturas de la carrera que cursan”
Esta no es una representación democrática ya que los estudiantes somos a la vez el claustro más grande y el que tiene menor participación en el gobierno de la Universidad. Fijar un porcentaje mínimo tan grande para la representación docente y no permitir a los estudiantes de los primeros años participar, lo hace aún menos democrático.
Otro punto importante, el Art. 51 deja fuera de los concursos para los cargos docentes a los jurados estudiantiles.

Reglamenta la represión
Pueden decidir amparados en el Art. 30 la intervención militar de una Universidad: “intervención por grave alteración del orden público”, lo que lleva a que cualquier manifestación que vaya contra sus intereses sea reprimida.

Reseña histórica
Esta Ley (después de la Ley Federal de Educación de 1993) fue aprobada en el 95 por un congreso rodeado de grandes movilizaciones a lo largo de todo el país, respondiendo directamente a los intereses de los grandes monopolios representados en el proyecto del Banco Mundial que escribió textualmente estas leyes. Como nos tienen acostumbrados, desoyen los reclamos del pueblo y hacen los deberes para los grandes monopolios sin importar las consecuencias de miseria para el pueblo argentino.
Las luchas no cesaron a lo largo del país y para lograr la reforma de los Estatutos de las distintas universidades nacionales necesitaron de las herramientas más perversas: represión en La Plata, aprobaron la reforma del Estatuto en Rosario encerrados en la Catedral rodeada de los aparatos represivos del Estado, por nombrar algunos ejemplos. Solo así lograron meternos sus proyectos, mediante la fuerza. En algunas Universidades aún no lograron la reforma del Estatuto (Mar del Plata, COMAHUE) y los avances de estas políticas han sido de diferente magnitud a lo largo del país dependiendo del grado de resistencia que alcanzó el movimiento estudiantil en unidad con los demás sectores. Las luchas que se dan a diario en las universidades, colegios y escuelas tienen que ver con la resistencia a la aplicación de estas leyes que pretenden seguir avanzando y con mayor intensidad por parte de este gobierno Kirchner. El discurso de cambio de este gobierno es pura demagogia, porque de hecho avanza en la aplicación de esta Ley. Y lo hace a través del Plan Pugliese que pretende materializar la aplicación de la Ley de Educación Superior, y con un apriete presupuestario guardando la plata para el que aplica la Ley.
Los estudiantes debemos comprometernos con esta situación que estamos viviendo los argentinos. Porque así como no podemos bancar más las pésimas condiciones para estudiar que sufrimos cotidianamente debemos ser solidarios con una situación que atraviesa a las grandes mayorías del Pueblo. La mayoría de los sectores populares no solo queda afuera a través de los ingresos restrictos o por falta de políticas de bienestar (becas, comedores, etc.) sino que directamente no acceden a los primeros niveles de la educación. Peor aún, el primer filtro es la muerte de 100 niños por día en nuestro país por hambre ó causas evitables.
Esta situación no es producto del azar, es consecuencia de políticas aplicadas desde los gobiernos de turno que respondieron y responden a los intereses de los monopolios, a los organismos imperialistas que nos imponen con sus políticas hambre, desocupación, falta de salud y educación y que transforman a unos pocos en dueños de nuestro país, que produce alimentos para 300 millones de personas y vive en la pobreza.

Qué es la CONEAU? (Art. 44, 46 y 47)
La CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) está conformada por “personajes” del Parlamento, Ministerio de Educación y rectores de Universidades públicas y PRIVADAS, todos designados por el Poder Ejecutivo. Su función es evaluar y acreditar nuestras carreras, postgrados e investigaciones, es decir que si no las aprueban los títulos ya no sirven y el estado deja de financiarlas, o puede decidir que un título es de poca categoría títulos A, B o C). Los criterios que utilizan para definir esto son los explicados más arriba (los de la eficiencia en función de las leyes del mercado). Ante la pérdida de títulos válidos las facultades se ven “obligadas” a adecuarse a estos parámetros que, recordemos, son los que exige el banco mundial.
Para colmo, según el art. 45, también pueden constituirse entidades privadas que cumplan el fin de la CONEAU. Es decir, si con la CONEAU se les complica, las grandes empresas tienen la posibilidad de hacer su propia comisión de evaluación que le ponga valor a nuestros títulos y que nos imponga qué estudiar.

Las Universidades Privadas imponen

Las universidades privadas no sólo reciben subsidios del estado como ya lo mencionamos; esta Ley les otorga participación en la definición de las políticas de Educación Superior para nuestro país. Según el Art.72 el consejo de rectores de Universidades privadas forma parte del consejo de Universidades que tiene entre otras las siguientes funciones: Art.72 a) ¨proponer la definición de políticas y estrategias de desarrollo universitario...¨ y Art.45 ¨los patrones y estándares para los procesos de acreditación (CONEAU) serán los que establezca el Ministerio previa consulta con el Consejo de Universidades¨
Así las Universidades-empresa deciden qué estudiamos, qué investigamos, deciden sobre la validez o no de nuestras carreras.
Un ejemplo reciente es la posición del Ministro de salud de la Nación, Gines García, que sostuvo la necesidad de restringir el ingreso a medicina, porque según él no nos hacen falta más médicos. El detalle es que este señor es también dueño de una Universidad Privada de Medicina ¿quién gobierna? ¿quién decide las políticas para educación?

Los empresarios adentro de la Universidad
Según el Art.56: ¨ Los Estatutos podrán prever la constitución de un Consejo Social, en el que estén representados los distintos sectores e intereses de la comunidad local...” (por ejemplo empresas), y sigue “que el Consejo Social esté representado en los Órganos colegiados de la institución” (órganos de gobierno). Esto permite que el sector empresario esté metido directamente en el gobierno de la universidad. Imaginemos al gerente de Techint, a Macri o a Amalita Fortabat sentados en el Consejo Superior, qué intereses van a representar.

¿cómo garantizan esto?:
La CONEAU es quien cumple esta tarea, es la policía.

Con esta Ley las universidades son obligadas a hacer lo que el Poder Ejecutivo dice.
Pero........el Poder Ejecutivo ¿hace lo que dice el Pueblo, lo que necesitamos los argentinos?
Bien sabemos que históricamente el Poder Ejecutivo se comporta más bien como una oficina del Mercado Mundial, la oficina donde se arregla la entrega de nuestras riquezas (producción, recursos naturales, conocimiento, etc.).

Por eso esta Ley que escribió el Banco Mundial deposita las decisiones sobre la educación superior en el Poder Ejecutivo, y lo hace de 2 maneras:

Es el Poder Ejecutivo el que aprueba o no los Estatutos de las universidades que la Ley obliga a reformar (Art. 29 incisos a) y b), y Art. 34)
Es el Poder Ejecutivo el que nombra la CONEAU, que se comporta como el comisario de los intereses del mercado. (Art. 47)

Clarito, el Banco Mundial impone una Ley y el Poder Ejecutivo primero debe legitimarla en cada Universidad con las reformas de Estatutos, y después garantizar su aplicación con la CONEAU.

Esto significa terminar con la autonomía universitaria para asegurarse que las universidades estén al servicio de los grandes monopolios.

Frenar la Ley de Educación Superior es frenar la entrega de nuestras universidades, del conocimiento que allí se produce.